¿Hasta qué punto puede Milei utilizar la perspectiva de una votación para aprobar su mega-decreto? Los límites de la autoridad ejecutiva son advertidos por constitucionalistas mientras el presidente argentino pone a prueba la oposición del Congreso. Desafiando las limitaciones de poder, el presidente argentino busca privatizar empresas públicas y desregular la economía mediante un megadecreto. Sin embargo, constitucionalistas advierten que la convocatoria a una consulta pública no garantiza la validez legal de sus resultados, ya que esa autoridad recae únicamente en el Congreso. Además, el DNU podría ser considerado ilegal, ya que anulará más de 300 legislaciones aprobadas previamente por el Congreso. El presidente enfrenta acciones legales por parte de partidos políticos y asociaciones civiles que defienden el derecho a la ciudad. Expertos constitucionales argumentan que la separación de poderes es fundamental y que el presidente está violando esta base al imponer un decreto que se arrogaría funciones legislativas. Sin embargo, Milei se mantiene firme en su postura y promete no rendirse frente a las objeciones del Congreso o el Poder Judicial. A medida que crece la oposición y las críticas hacia su plan, Milei menciona su alto índice de aprobación ciudadana y se pregunta por qué el Congreso se opone a una medida que beneficiaría al pueblo. Mientras tanto, nuevas manifestaciones están programadas para el miércoles, convocadas por la Confederación General del Trabajo. En este contexto de tensión política y social, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich advierte que los manifestantes deben mantenerse en las aceras y aquellos que bloqueen calles no serán elegibles para recibir subsidios sociales.

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En qué medida puede Milei utilizar la perspectiva de un voto para aprobar su mega-decreto? Los constitucionalistas advierten sobre los límites de la autoridad ejecutiva a medida que el presidente argentino pone a prueba la oposición del Congreso.

Sorprendentemente, es un mega-decreto que permite la privatización de empresas públicas, sienta las bases para una importante desregulación económica y deroga medidas y regulaciones aprobadas por el legislativo. En una entrevista con el canal de televisión “LN+”, el presidente argentino simplemente dijo “obviamente” cuando se le preguntó si podría convocar una consulta pública en caso de que el DNU fuera rechazado.

Los constitucionalistas que se han pronunciado recientemente sobre el tema advierten que no es tan fácil. Incluso si el presidente convoca a un plebiscito, Milei no tiene la autoridad para hacer que los resultados sean legalmente vinculantes. La autoridad para convocar una consulta pública legalmente ejecutable recae únicamente en el Congreso.
Además, algunas personas consideran que esto es ilegal ya que el propio DNU va a abolir más de 300 leyes que el Congreso ya ha aprobado. Fue objeto de acciones legales iniciadas por el partido Unión Popular y el Observatorio de la Asociación Civil del Derecho a la Ciudad.

Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista y doctor en derecho de la Universidad de Buenos Aires, tomó medidas preventivas al presentar una petición ante el tribunal para anular el DNU por violar la separación de poderes.

El principio básico de la separación de poderes es el siguiente: las leyes son aprobadas por el Poder Legislativo, que luego es administrado por el Poder Ejecutivo. Los casos son finalmente resueltos por el Poder Judicial. Según Domínguez, todo está gobernado por la Constitución y los tratados de derechos humanos.

Milei no muestra ninguna emoción en respuesta a sus detractores y afirma categóricamente que no se rendirá si el Congreso o el Poder Judicial intentan obstaculizar sus planes. El presidente saca de su sombrero la calificación de apoyo del 75% para su mega-decreto, mientras trata a la economía argentina como una persona gravemente enferma. Quería saber por qué el Congreso estaba en contra de una medida que beneficiaría al pueblo.
Habrá más manifestaciones en contra del nuevo gobierno el miércoles (27), convocadas por la Confederación General del Trabajo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, continuó con el protocolo represivo de la semana pasada, diciendo que los manifestantes deben quedarse en las aceras y que aquellos que bloqueen las calles no serán elegibles para subsidios sociales.