Javier Milei intenta censurar a los manifestantes argentinos
La funcionaria del gobierno, Patricia Bullrich, emite un “protocolo para el mantenimiento del orden público” y amenaza con represalias contra aquellos que hagan piquetes y bloqueen carreteras. Las protestas fueron convocadas por líderes de la oposición.
“Este nuevo contrato social propone un país distinto, un país en el cual el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos”, escribió el presidente argentino Javier Milei en su discurso inaugural el pasado domingo (10/12), lanzando la advertencia. La nación que lo hace termina pagando la cuenta. En nuestra nación, la ley no protege a aquellos que violan los derechos de sus conciudadanos bloqueando calles. A tan solo seis días de la manifestación inicial contra los recortes presupuestarios, la cual fue planeada por la organización Polo Obrero, Patricia Bullrich, ministra de seguridad, emitió un “protocolo para el mantenimiento del orden público” y amenazó que “habrá consecuencias” para los manifestantes. En adelante, el gobierno no tolerará manifestantes que bloqueen carreteras o piquetes que restrinjan la libertad de movimiento de los argentinos; en cambio, recurrirán a la fuerza en su contra. Además, los adultos que lleven a menores a las manifestaciones podrían enfrentar consecuencias. Habrá una excepción al protocolo de Bullrich para las maratones organizadas por empresas privadas y festivales religiosos.
Eliminando la prohibición de nepotismo, Milei nombra a su hermana secretaria general.
“Para llevar a cabo estas medidas, utilizaremos la fuerza mínima necesaria y suficiente, la cual será graduada proporcionalmente a la resistencia”, señaló Bullrich. Si hay algún tipo de cierre de carreteras, piquetes o bloqueos, parciales o completos, las cuatro agencias federales y el servicio penitenciario federal intervendrán para ayudar. La legislación debe ser cumplida en su totalidad o en parte, continuó. Debes ser consciente de que existen repercusiones por salir a las calles. La ministra reafirmó que el plan del gobierno para restablecer el orden permitirá que la población viva en armonía. La declaración de Bullrich se hizo justo antes del 22º aniversario de la represión brutal de las manifestaciones contra el gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa. Hubo 38 muertos y la renuncia del presidente como resultado de las manifestaciones en Casa Rosada que ocurrieron entre el 19 y 20 de diciembre de 2001.
Los líderes de izquierda ya han puesto en duda la constitucionalidad del protocolo de Bullrich y anunciaron planes para marchar por el corazón de Buenos Aires el próximo miércoles (20), con una multitud de alrededor de 50,000 personas. Su oposición a las políticas del gobierno es lo que realmente les molesta. Ven la “libertad de movimiento” como un completo mito. Las acciones del gobierno tienen un impacto significativo en las situaciones de vida de millones de personas, por eso las afirmaciones de Bullrich son urgentes y serias, según Myriam Bregman, legisladora y candidata presidencial anterior, citada por el diario Clarín. “Preferiría violar la Constitución antes que expresar descontento”. Una “provocación” y un “plan de guerra contra el pueblo” fueron criticados en una conferencia de prensa por el Partido Obrero. Junto con reiterar que la libertad de protesta está salvaguardada por la Constitución, también confirmó la manifestación para el 20 de diciembre.
Sergio Eissa, doctor en ciencias políticas y profesor adjunto de defensa y seguridad internacional en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, explicó a Correio que las protestas populares, ya sean a favor o en contra, surgen de la creencia en una democracia sólida. Tan importante como votar cada dos años es la capacidad de reunirse pacíficamente en una sociedad democrática. Pero el fenómeno de los piquetes en Argentina durante la década de 1990 aún no se ha resuelto. El derecho a la libre circulación y protesta no se ha restringido frente a la implementación de políticas neoliberales, agregó. Bullrich no proclamó una prohibición de la protesta; en cambio, dijo que se permitirían las manifestaciones en las aceras. Cómo se desarrollará esto y las reacciones de los grupos sociales aún están en el aire, dijo. Argentina, según él, tiene una historia de disturbios sociales que se remonta a la década de 1990.
Los efectos de las protestas en el tráfico afectan a una parte considerable de la sociedad argentina, especialmente en Buenos Aires, como reconoce Eissa. Dado que Argentina también es una república federativa, el experto de la UBA argumenta que Bullrich solo puede ejecutar su plan utilizando tropas federales y en propiedades federales, incluidas las carreteras. Será importante coordinar la reacción con la administración de Buenos Aires y sus políticas en caso de Buenos Aires. Es imperativo que otras provincias sigan el ejemplo de sus gobiernos y fuerzas de seguridad también.
